Puebla y el Matrimonio Igualitario

Por: Sergio Martín Tapia Argüello

Twitter: @parin75

Nuestro estado es ahora en una más de las entidades federativas en donde el matrimonio igualitario (es decir, la posibilidad de contraer matrimonio con una persona sin importar su sexo) se convirtió en una realidad gracias a la Acción de Inconstitucionalidad 29/2016 en que la Suprema Corte declaró por unanimidad la inconstitucionalidad del artículo 300 del Código Civil de la entidad, mismo que a la letra establecía:

“Artículo 300.- No pueden contraer matrimonio el hombre y la mujer, antes de cumplir dieciocho años de edad”.

El resultado era no sólo lógico, sino predecible. Resulta penoso ver a las autoridades intentar infructuosamente en cada ocasión, frenar lo que es una realidad jurídica en el país: el artículo 4o Constitucional protege a las familias conformadas por dos personas del mismo sexo, como lo ha dicho ya hasta el cansancio la Corte en diversas interpretaciones, y no hacerlo vulneraría no sólo dicho artículo, sino también el principio de no discriminación establecido en el artículo 1o (Aunque algunas ocasiones al Presidente de la Corte se le olvide qué es eso). Este caso, como muchos otros a lo largo de nuestro país, se derivó del trabajo del grupo “México Igualitario” y del abogado Alex Alí Méndez Díaz, con quien tuve el gusto de compartir las aulas en mi paso por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Derivado de esta acción, el Gobierno del Estado ha indicado, con mucha certeza a nivel técnico, pero con una postura problemática en lo político jurídico, que no se requiere ni siquiera modificar la ley para que esto sea posible, pues la interpretación de la Corte es suficiente para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de reforma alguna. Técnicamente tiene razón. La Corte es el intérprete último de nuestro sistema jurídico y sus interpretaciones resultan las únicas legítimas sobre los temas que se ponen a su consideración, por lo que una reforma a la ley no es ni siquiera necesaria, pues la Corte ha indicado ya cómo debe interpretarse ese artículo en particular. Por otro lado, resulta necesario indicar que la letra de la ley (y no sólo la interpretación de la misma a un nivel técnico) tienen un peso social importante, por lo que un pronunciamiento del legislativo claro y contundente a favor de los derechos humanos y la igualdad ante la ley, sería lo deseable en un estado de derecho fuerte.

Por otra parte y sin que resulte contradictorio con lo anterior, es necesario tener cuidado con caer en visiones voluntaristas sobre el derecho. Como tales se conocen a las formas que asumen que el derecho es la panacea social por excelencia y que basta modificar la ley (o su interpretación) para que la realidad cambie de inmediato. Tenemos algunos casos de voluntarismo que son clásicos en nuestro país: la Ley Federal del Trabajo establece por ejemplo, que el trabajo «no es y no puede ser considerado» una mercancía, lo que como todo mundo sabe, no significa que el trabajo deje de serlo, sino tan sólo un deseo del legislador que obviamente no puede ser cumplido en un modo de producción capitalista.

En el caso que nos atañe, el voluntarismo jurídico establecería que basta con que la ley establezca el matrimonio igualitario, para que este pueda ser llevado a cabo sin contratiempo alguno, o yendo incluso más allá, para que se acabe las formas institucionalizadas e incluso personales de discriminación contra las personas homosexuales en Puebla. Nada puede estar más lejos de la realidad.

El martes 8 de agosto, una pareja fue al Registro Civil de San Andrés Cholula a solicitar el inicio de sus trámites para contraer matrimonio. Contra esto, las y los funcionarios del Registro indicaron que no podía realizarse el trámite debido a que los formatos no permitían más que colocar el nombre de esposo y esposa y no de dos esposos o dos esposas. Este tipo de «problemas» derivados de los instrumentos utilizados en un procedimiento cualquiera, es muy común cuando se realizan acciones discriminatorias, pues pretenden hacer ver la decisión de las personas involucradas como algo ajeno, existente por sí mismo más allá de lo que estas desean y sobre todo imposible de superar. De esta forma, asumen, los actos no podrán ser imputables a la autoridad o al funcionario, bajo el principio de que nadie está jurídicamente obligado a lo imposible.

Este argumento tiene una problemática doble. En los hechos, la falsedad de esta supuesta “razón” puede verla cualquier persona que haya realizado cualquier tipo de trámite en nuestro país. Mucho más si se trata de una persona relacionada, por profesión o circunstancia, con el derecho. De seguir al pie de la letra los procedimientos y reglas operativas, sobre todo a través de una interpretación restrictiva como la realizada en este caso, nada o muy poco podría ser hecho. De ahí la frase «para mis amigos todo, para mis enemigos, la ley». Sin voluntad política (mejor dicho político jurídica) para realizar los trámites de nuestra vida cotidiana, estos serían simplemente imposibles.

De la misma manera, en la dimensión normativa, debemos recordar que debido a sus propias características, el Estado no puede oponer al cumplimiento de un derecho cualquiera, la imposibilidad presupuestaria o técnica para lograr su cumplimiento, como es el caso. La imposibilidad a la que se refiere el principio antes mencionado, no puede interpretarse como una imposibilidad derivada de acciones opcionales, sino a una imposibilidad total y material que se derive de cuestiones que no pueden ser modificadas por la autoridad en ninguna de sus fases. Es decir, se trata de una imposibilidad total y no relativa.

Ante la insistencia de la pareja y su abogado, los funcionarios argumentaron una cuestión de competencia. La pareja vive en San Pedro Cholula, por lo que era en ese municipio donde debía realizar el procedimiento. Dejando a un lado la estrecha relación entre ambos municipios y sobre todo, la situación geográfica de los mismos, debemos recordar que no existe un dispositivo normativo que obligue a un ciudadano del Estado a llevar a cabo sus actos de esta forma, por lo que se trata de un requisito supra legal, que es de la misma manera una manera bastante utilizada en los casos de discriminación.  Exigir cosas que no se encuentran en la ley, entorpecer mediante procedimientos especiales, revisiones o documentos de autorización, es una práctica común, pero no por ello legal, pues quebrantan el principio de legalidad y generan legislaciones particulares que por sí mismas son antidemocráticas.

Finalmente, la autoridad indicó que las órdenes de no llevar a cabo el matrimonio venían directamente de la Secretaría General de Gobierno del Estado, por lo que ellos sólo «seguían instrucciones». Esto no exime la responsabilidad de quienes tienen la obligación legal de realizar el matrimonio, pues como es sabido, los mandatos contra la ley son tomados como inexistentes. Si a esto agregamos que el Secretario negó esta orden de forma explícita ante los medios,  queda tan sólo una opción: una de las autoridades involucradas está mintiendo abiertamente en el tema.

Foto: Leo Herrera

Estas situaciones, que generaron un disgusto gratuito para la pareja y que terminó con la celebración del matrimonio en otra oficina del Registro, trae al ojo público un importante problema: San Andrés un municipio conurbado de la capital, que en muchas ocasiones se confunde con ésta. En él se encuentran algunas de las zonas más exclusivas del Estado, muchos extranjeros habitan en el mismo y hay una constante reconfiguración de las relaciones sociales, propia de una ciudad en todo sentido. Si en un lugar así, la petición de matrimonio ante el Registro Civil resultó problemático ¿Qué sucederá entonces en municipios alejados de las grandes zonas urbanas, en las zonas de mayor influencia de la iglesia y los cacicazgos locales? Ese problema, es, me temo, algo que no se resolverá fácilmente si no es a través de muchas transformaciones de mucha mayor importancia que la simple modificación de la ley. Tiene una dimensión normativa clara: la necesidad de generar mecanismos sancionadores efectivos para las autoridades que desobedezcan los mandatos y la presunción de veracidad de los dichos de los ciudadanos ante peticiones realizadas en situaciones de discriminación. Pero de nueva cuenta, estas modificaciones no cambiarán la realidad de un Estado que es aún, me temo, profundamente problemático para el respeto de los derechos y la dignidad de las personas. Los pasos dados han sido enormes, pero resulta claro que aún queda mucho por andar.

PD: Hace muchos años (aproximadamente 28), encontré entre los libros de mi abuelo un pequeño ejemplar con dibujos. A mí me parecía entonces que los libros de adulto eran serios, grandes, cultos. Para mí era una sorpresa ver lo que yo consideraba un comic ahí, entre ellos. Para quien me conoce, no es sorpresa mi familiaridad con el género desde que soy niño, pero había en ese entonces, algo dentro que me hacía pensar que se trataba de una cosa juvenil. Así pues comencé a leerlo. Cuando lo terminé, se convirtió sin duda alguna en mi amigo inseparable, aun cuando después, mucho tiempo después, pude ver los errores e interpretaciones un tanto arriesgadas que el autor hacía. El libro se llamaba «Cristo de carne y hueso» del genial RIUS.

Monsivais dijo en una ocasión que en nuestro país existen tres entidades dedicadas a la educación (para bien o para mal) de nuestra gente: La SEP, Televisa y Rius. Hoy, nuestra patria se ha quedado sin una, la más grande, la más importante de ellas.

De la misma forma, es necesario recordar que se ha ido también Jaime Avilés. Una de las voces más importantes del periodismo crítico, fue capaz como pocos, de atacar al sistema desde el minimalismo, al tiempo que narraba con una precisión que pocos tuvieron, la vida cotidiana, la guerra y la relación estrecha que existe entre ambas.

Que su ejemplo siga vivo y que cada uno de nosotros luche por ese mundo más justo que ellos tanto deseaban. Esa es la única forma en que su memoria podrá alguna vez, descansar en paz.

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Imagen tomada de http://rius.com.mx/rius/

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